El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, reclamó este 16 de septiembre en Madrid una Política Agraria Común "adaptada al territorio", con ayudas más eficaces, menos burocracia y, sobre todo, un foco explícito en el relevo generacional. Lo hizo durante el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios y la Conferencia Sectorial de Agricultura, el primer encuentro formal donde las comunidades autónomas empiezan a fijar posición ante la reforma de la PAC que negociará España en Bruselas.

Un paquete específico para jóvenes agricultores

El grueso de la intervención de Martínez Lizán se centró en pedir un paquete específico de apoyo a jóvenes agricultores que combine varias palancas a la vez, en lugar de depender de una única línea de ayuda: acceso a la instalación, financiación, acceso a la tierra, formación y digitalización. Es la misma lógica de "combo" de medidas que ya defiende el Gobierno central a través de la plataforma Tierra Joven, pero planteada ahora también desde una comunidad autónoma concreta.

La petición más cuantificable fue presupuestaria: Castilla-La Mancha propone que alrededor del 10% del presupuesto total de la PAC se reserve específicamente para jóvenes y nuevos agricultores en el próximo marco financiero. Es el mismo porcentaje que el Ministerio de Agricultura viene defendiendo frente al 6% que planteaba inicialmente la Comisión Europea, lo que sugiere que la cifra empieza a consolidarse como posición compartida entre el Gobierno y varias comunidades autónomas de cara a la negociación europea.

Dato clave. Castilla-La Mancha pide reservar el 10% del presupuesto de la PAC para jóvenes y nuevos agricultores, coincidiendo con la cifra que España defiende ante Bruselas frente al 6% inicial de la Comisión.

Menos burocracia y más gobernanza para las regiones

Junto al relevo generacional, el consejero pidió una gobernanza compartida entre el Estado y las comunidades autónomas para diseñar y gestionar las intervenciones agrarias, de forma que cada región pueda adaptar las medidas a sus propias necesidades territoriales. A ello sumó una petición de simplificación administrativa, para que agricultores, ganaderos y cooperativas cuenten con "un marco de actuación claro, estable y previsible" —una demanda que aparece de forma recurrente en el sector como condición previa para que cualquier ayuda a la primera instalación llegue realmente a quien la necesita.

La unidad es fundamental para fijar una posición común en las negociaciones europeas. Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha

Sectores propios de Castilla-La Mancha, también en la mesa

Martínez Lizán aprovechó el encuentro para pedir atención específica a sectores estratégicos de su región: la apicultura, el azafrán, el viñedo tradicional de secano, la financiación íntegra con fondos europeos de la Intervención Sectorial Vitivinícola, y el coto arrocero de Hellín. Son producciones con relevo generacional propio —explotaciones pequeñas y de alto valor añadido— que suelen quedar fuera de los grandes paquetes de ayuda pensados para explotaciones de mayor tamaño.

El consejero destacó además que, en los consejos celebrados hasta ahora, todas las comunidades autónomas han compartido unanimidad en los puntos centrales de la posición española, algo que consideró clave de cara a las rondas de negociación que se avecinan en Bruselas. Puedes revisar el planteamiento estatal completo, con las cifras de envejecimiento del campo y la ayuda de 300.000 € a la primera instalación, en nuestra guía sobre qué es Tierra Joven.

Por qué importa para el relevo generacional

La petición de Castilla-La Mancha confirma una tendencia que ya se venía dibujando: el debate sobre el porcentaje de la PAC destinado a jóvenes agricultores ya no es solo un pulso entre España y la Comisión Europea, sino que empieza a bajar también al nivel autonómico, con comunidades concretas fijando su propia cifra de referencia. Cuanto más se consolide ese 10% como suelo mínimo compartido, más margen tendrá el Gobierno para defenderlo frente a Bruselas —y más fondos podrían llegar, en última instancia, a las líneas de ayuda a la primera instalación que consulta este sitio.