El 14 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en Moncloa un paquete de medidas para atajar lo que calificó de relevo generacional "urgente y necesario" en el campo español. Entre ellas, anunció el análisis y la puesta a disposición de 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado, con acceso preferente para jóvenes, mujeres y nuevos profesionales agrarios. Ocho meses después, un informe del Servicio de Estudios de Cocampo pone cifras al anuncio y el resultado se aleja bastante de la imagen de una gran reserva de tierra lista para repartir.
Qué dice el informe de Cocampo sobre las 17.000 fincas
El análisis cruza los datos publicados en el Portal de Transparencia con los anuncios del Boletín Oficial del Estado entre 2012 y 2026, e identifica 15.510 inmuebles rústicos sobre una base de 11.576 referencias catastrales. La conclusión central es que más de tres de cada cuatro fincas tiene una extensión inferior a una hectárea, muy lejos de lo que mide de media una explotación agrícola en España.
El estudio compara además el listado actual con un inventario anterior y encuentra un perfil prácticamente idéntico: una mediana de 0,416 hectáreas en la cartera vigente frente a las 0,43 hectáreas del listado histórico, y solo un 1,13% de las parcelas supera las 10 hectáreas.
Un patrimonio pequeño, disperso y concentrado en cuatro provincias
Según Cocampo, Castilla y León, la Comunitat Valenciana, Aragón y Galicia reúnen alrededor del 90% de todos los registros. A nivel provincial, la concentración es aún mayor: León (3.320 fincas), Castellón (2.746), Valencia (2.495) y Segovia (1.161) acumulan la mayor parte del patrimonio, por delante de Teruel (845), Zaragoza (832) o Palencia (752).
La cifra de las 17.000 fincas, además, no es nueva. El Programa de Puesta en Valor 2023-2030, aprobado por el Gobierno en febrero de ese año, ya recogía en su inventario un total de 16.998 inmuebles rústicos patrimoniales sin arrendar — prácticamente idéntico al que Sánchez presentó como anuncio casi tres años después. El propio programa calificaba entonces la gestión de esta cartera como "especialmente complicada", citando la dificultad para identificar los bienes, las ocupaciones irregulares y la necesidad de mantenimiento para evitar su degradación.
El anuncio está muy bien, pero todo es muy difuso. "Fincas rústicas" como tal no es un concepto legal y nadie sabe a qué se refiere. Miguel Padilla, secretario general de COAG
El problema no es solo el tamaño: falta información sobre el suelo
El informe subraya que el tamaño no equivale a "falta de utilidad": una parcela pequeña puede resultar valiosa si permite ampliar una explotación colindante. Pero señala una limitación de fondo, y es que ni el Portal de Transparencia ni la documentación pública disponible permiten saber cuántas de esas fincas cuentan con regadío, derechos de agua, accesos o condiciones que las hagan aptas para el cultivo.
Ya en enero, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, había advertido de que, si las parcelas son "de secano rabioso, no hace falta que las den porque son prácticamente inservibles". El propio informe añade otro dato de contexto sobre el mercado de la tierra: solo en 2025 se registraron en España 179.404 transmisiones de fincas rústicas por herencia frente a 167.453 por compraventa, según el Instituto Nacional de Estadística: por primera vez, la tierra agraria cambia de manos más por herencia que por compraventa.
Tierra Joven, la plataforma que sigue sin arrancar
A esa falta de concreción sobre las fincas se suma el retraso de Tierra Joven, la plataforma que debía reunir oferta y demanda de tierras y que el presidente se comprometió a poner en marcha "en meses". Según recoge el informe, dos meses después del anuncio el Ministerio de Agricultura seguía describiéndola como una plataforma "en creación" — y ocho meses después de la presentación en Moncloa, sigue sin estar operativa. Puedes consultar el estado actual y el detalle de las fincas del Estado disponibles en nuestra guía sobre el patrimonio rústico público.
Cocampo concluye que la cartera estatal puede contribuir al relevo generacional, pero difícilmente constituye por sí sola una solución al problema estructural de acceso a la tierra. Como resume el propio informe: "España dispone ya de toda la tierra que va a tener".