Naciones Unidas ha declarado 2026 Año Internacional de la Agricultora, un reconocimiento simbólico que llega mientras los datos oficiales confirman que la igualdad en el sector primario español sigue siendo, sobre todo, una tarea pendiente. Según el último Censo Agrario del INE, las mujeres encabezan el 28,6% de las explotaciones agrarias del país —un avance real frente al 23,4% de 2009, pero todavía lejos de la paridad.
Una brecha que varía muchísimo según el territorio
El dato nacional esconde diferencias notables entre comunidades autónomas. En Galicia, cerca de la mitad de las explotaciones —un 48%— tienen a una mujer como titular, favorecido por el peso histórico de la agricultura familiar minifundista. En el extremo opuesto, Navarra apenas alcanza el 19,3%. Esta disparidad territorial explica por qué las políticas de relevo generacional, incluida la futura plataforma Tierra Joven, insisten en incorporar criterios de género diferenciados por comunidad autónoma en lugar de un único objetivo estatal.
La edad media de los titulares de explotación en España se sitúa en 61,4 años, y buena parte se jubilará en la próxima década. Ese relevo inminente es, precisamente, la ventana de oportunidad que las políticas de igualdad quieren aprovechar: cada jubilación es también una decisión sobre quién hereda, arrienda o compra la explotación, y ahí es donde el sesgo de género tiende a reproducirse si no se corrige activamente.
Titularidad compartida: la ley que apenas se usa
La Ley 35/2011 de titularidad compartida se aprobó precisamente para sacar del anonimato jurídico a las mujeres que trabajan la tierra familiar sin figurar como titulares. Quince años después, el registro oficial (RETICOM) apenas suma 1.635 explotaciones inscritas en todo el país a fecha de junio de 2026 — una cifra ínfima frente a las más de 900.000 explotaciones agrarias censadas. La norma existe, pero el trámite administrativo y el desconocimiento siguen frenando su aplicación real.
- Menor dimensión: las explotaciones lideradas por mujeres tienen de media 17,9 hectáreas de superficie agraria útil, frente a las 29,4 de los hombres.
- Menor rentabilidad: su producción estándar es un 37% inferior a la media española, en buena parte por el menor tamaño y el menor acceso a financiación.
- Menor representación: menos de una de cada tres personas socias en consejos rectores de cooperativas agroalimentarias son mujeres.
La ley de titularidad compartida existe desde 2011. El problema no es la norma: es que casi nadie la usa. Redacción Tierra Joven
Qué cambia (y qué no) con el Año Internacional de la Agricultora
La declaración de la ONU no trae aparejada financiación automática ni cambios normativos inmediatos: es, sobre todo, un marco de visibilidad que distintos gobiernos y organizaciones agrarias están usando para impulsar medidas concretas. En España se traduce en jornadas y foros —como el X Foro Nacional BusinessAGRO de Mujeres Agroprofesionales o el X Foro MujerAGRO— donde administraciones, cooperativas y organizaciones profesionales agrarias coinciden en un mismo diagnóstico: hacen falta menos trabas burocráticas, más formación específica y un relato que muestre el campo como una opción profesional real también para las mujeres jóvenes, no solo como continuidad de una explotación familiar.
El empleo agrario femenino se sitúa hoy en el 26,2% del total, una cifra que lleva más de una década prácticamente estancada. Sin un empujón deliberado en el acceso a la tierra, la financiación y la titularidad, ese porcentaje difícilmente se mueve solo por el efecto simbólico de un año declarado.
Qué significa este debate para el diseño de Tierra Joven
La futura plataforma Tierra Joven no nace neutra en materia de género: su diseño prioriza explícitamente el acceso de mujeres y titularidades compartidas tanto a las 17.000 fincas rústicas del Estado como a las ayudas de primera instalación de hasta 300.000 €. A eso se suma un incentivo ya vigente en la PAC 2023-2027: las jóvenes agricultoras reciben un 15% adicional en las ayudas a la incorporación respecto a sus compañeros varones, un mecanismo pensado para compensar precisamente la brecha de financiación que reflejan los datos del FEGA.
El reto no es solo normativo. Mientras el marco legal avanza —titularidad compartida, cuotas de acceso preferente, bonificaciones en la PAC—, la incorporación real depende también de visibilizar referentes, simplificar trámites y garantizar que la información llegue a quienes hoy trabajan la tierra sin figurar en ningún registro.